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"El Estado de Sitio es para criminalizar"



El Comité Campesino del Altiplano, CCDA, llamó a la reflexión al gobierno de Guatemala para revocar el estado de sitio declarado en 22 municipio.

Por María Jossé España


Luego de 13 días de Estado de Sitio en 22 municipios de 6 departamentos del nororiente del país, declarado por el Gobierno de Guatemala, el Comité Campesino del Altiplano, CCDA, junto al diputado Leocadio Juracán exigen al gobierno la revocación de dicho dictamen porque "violenta los derechos humanos de los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente".


El Estado de Sitio fue declarado el 4 de septiembre del año en curso por el asesinato de tres soldados en la aldea Semuy II, El Estor, Izabal, a causa de una supuesta emboscada por grupos de narcotraficantes. Sin embargo, el Ministerio de la Defensa, indicó que los pobladores le arrebataron las armas a los soldados y los mataron. Para luego, el Ministerio de Gobierno publicó un video con el testimonio del soldado Edgar Domingo Caal, confirmando la emboscada de narcotraficantes mientras realizaban un patrullaje. Mientras que, los pobladores de los municipios continúan con sus actividades cotidianas.


"El Estado de Sitio va dirigido, precisamente, a criminalizar la lucha por lo derechos de los pueblos originarios. Además, el Estado sigue siendo cooptado por grupos y sectores que tienen un interés de seguir saqueando los bienes de los pueblos originarios", indicó Leocadio Juracán, diputado del partido Convergencia y miembro del CCDA.


Aseguran que los niveles de remitilarización en territorios indígenas son alarmantes. Además, ven con preocupación las detenciones injustificadas a miembros de la comunidad indígena, y el asesinato de Diana Isabel Hernández, defensora de los derechos humanos y activista medioambiental; y Paulina Cruz Ruíz, defensora del territorio y Autoridad Ancestral Maya Achí de Rabínal, Baja Verapaz.


El CCDA, el 19 de enero de 2018, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, contra 90 empresas que no cumplen con el derecho de consulta a los pueblos mayas. Según Juracán, el territorio ocupado corresponde a 8 mil kilómetros cuadrados, y las empresas "saquean los bienes". Por lo que exigen: "respeto a los territorios indígenas y campesinas revocando las licencias de megaproyectos".


Para finalizar, el diputado hizo un llamado a todas las organizaciones de comunidades indígenas para que sigan preparándose porque "la ola de represión viene más fuerte". Reiteró que "no hay necesidad de Estado de Sitio" en los municipios de Alta Verapaz, El Progreso, Izabal, Petén, Baja Verapaz y Zacapa.




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