Por Alejandro Estacuy
“Nosotros creemos que ha existo una actitud racista en contra de mi persona y del pueblo xinca de este país”, indicó Leocadio Juracán, posterior a emitir la denuncia en contra del ministro de Energía y Minas, Luis Chan Navarro, y del viceministro de Ambiente, Carlos Ramos, por incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y perjurio, en relación al pueblo xinca.
Aleizar Arana, presidente del Parlamento xinca, comentó que la negación del pueblo xinca ha sido evidente desde que la Minera San Rafael se ha hecho presente, al proceder a reclamar su derecho a la consulta en relación al uso de las tierras por partes de la Minera San Rafael, la cuál fue negada por parte del ministro de Energía y Minas.
Quelvin Jiménez, asesor legal del Parlamento Xinca, señala que en la citación del pasado 22 de Mayo el ministro de Energía y Minas emitió declaraciones falsas durante la asignación ya que no se ha convocado al pueblo Xinca a un proceso de consulta.
De igual manera, Chan al momento de dirigirse a las autoridades del Parlamento Xinca y al diputado Leocadio Juracán, se refirió de una manera totalmente racista y discriminatoria. Por lo cual se presentaron las tres denuncias antes mencionadas.
La Corte de Constitucionalidad estableció un plazo de un año, próximo a cumplirse el 3 de septiembre, en donde estipula que si no se hace la consulta por parte de los ministerios, estos incurren en irresponsabilidad penal y civil por el incumplimiento de la sentencia. Es importante mencionar que se estableció que de no llevarse a cabo por culpa de la empresa minera, esta misma debería de retirarse, dejando antes realizadas todas las actividades de mitigación ambiental necesarias para prevenir un desastre derivado de los desechos químicos dejados por la mina San Rafael.
El Parlamento del pueblo xinca con base a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, nombró a sus representantes de acuerdo a su propia forma de organización y designación, no obstante el ministro se negó a la aceptación de los 59 representantes designados para participar en el proceso de consulta.
“Es importante señalar que ha caído en perjurio y en desobedecer el mandato de la Corte de Constitucionalidad para realizar la consulta a los pueblos originarios en relación a la Mina San Rafael”, concluyó Juracán.