Por Karen Quintanilla y María Jossé España
Hombres y mujeres son actores relevantes en las dinámicas de desarrollo comunitario, sin embargo, no todas las esferas incluyen una perspectiva de género para la igualdad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por sus siglas en inglés ), indica que la agricultura campesina produce hasta el 80 por ciento del alimento en países no industrializados, siendo mujeres las productoras del 60 al 80 por ciento de este, trabajo que es invisibilizado por jerarquías y desigualdades causadas por relaciones de género. Así mismo, señala que Guatemala es el país con menos acceso a la tierra para las mujeres con un 8 por ciento en todo el país, y se encuentra en el último lugar de 15 países de América Latina.
En la mayoría de casos, las mujeres no tienen el mismo acceso a tierras y control de recursos. Además, son menos involucradas en tomas de decisiones pese a que su trabajo contribuye a la preservación de la biodiversidad y prácticas agroecológicas.
De acuerdo con el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglás en inglés), “los estados partes deben adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en zonas rurales a fin de considerar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios y que se aseguren sus derechos”, entre ellos el acceso a créditos y préstamos agrícolas, servicios de comercialización y tecnologías apropiadas y recibir trato igual en planes de Reforma Agraria.
La violencia estructural y de género contra las mujeres es evidente en la desigualdad del manejo de recursos naturales y tenencia de tierra. En el artículo 20 de la Ley del Fondo de Tierras se indica que Fontierras debe estimular la participación de la mujer campesina, pero los “jefes de la familia” serán los beneficiarios.
La Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Fontierras benefició hasta el 2016 a 2 mil 324 mujeres, de las cuales 255 eran campesinas. Sin embargo, las mujeres no son reconocidas como propietarias directas.
La Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas (Congcoop) explica en su informe “Mujeres: Acceso a Tierra, Agua y Trabajo” que mujeres beneficiadas por FONTIERRAS fueron forzadas a vender sus derechos de copropiedad sobre la tierra por sus cónyuges o convivientes, evidenciando violencia de género desde una perspectiva económica, psicológica y física a causa del patriarcado.
Por otro lado, la Secretaría de Asuntos Agrarios estimó para 2017, que 783 mil 394 mujeres rurales fueron afectadas por conflictos agrarios ante la ausencia de políticas institucionales para resarcir el despojo de tierras.
Acceso a la tierra por herencia
Mucho se ha dicho sobre el despojo de tierras a los pueblos indígenas por el colonialismo, problemática que aún no ha sido solventada por el Estado de Guatemala. Aunado a ello, la negativa a las mujeres indígenas para acceder a la tierra por derecho propio. Sin embargo, las mujeres de la élite podían acceder por medio de herencias, tal como lo explica Ana Patricia Castillo en “Las mujeres y la tierra en Guatemala: entre colonialismo y el mercado neoliberal”; las mujeres accedían a la propiedad una vez murieran sus padres o maridos, quienes eran titulares de la tierra.
“Mi mamá me ha llamado ‘tonta’ porque estoy ahorrando con mi novio para comprar un terreno y construir. Dice que él debe darme todo. Ella no me dará herencia ni nada, solo a mi hermano; me parece injusto, pero solo se excusa diciendo que me daría una casa si no me llego a casar”, expuso una fuente femenina de la sociedad civil.
Mientras tanto, en Atescatempa, Jutiapa; Carmen Eunice Zepeda, maestra de profesión y universitaria, a sus 28 años, sigue viviendo con su abuela y su padre.No tiene planes de corto o mediano plazo para casarse, y por el momento no tiene un empleo, pero se dedica a cuidar de la casa y las personas que habitan allí. Tiene la ilusión de poder heredar algún terreno de su padre.
“Mi papá dice que me voy a quedar ‘solterona’ y que busque un empleo para mantenerme, o bien un hombre, y que me case. Yo le pedí una parte de su finca para construir una casa y solo me ha dado largas. Aunque sé muy bien que si no me caso, solo me lo dará hasta que él muera”, explicó Carmen. Además, comentó que esto le preocupa porque para realizar parte de sus proyectos, necesita que su padre le dé una respuesta “para poder buscar otro lado para hacerme una casita”, explicó.
Por otro lado, Lidia Chinchilla, a sus 68 años de edad, narra que a los 12 años comenzó a vivir con un hombre 9 años mayor. “Él me daba todo, yo solo debía cuidar de la casa, tuvimos 12 hijos. Un día me di cuenta de que me engañaba, me dejó con mis hijos. Llegaba a veces ebrio a molestar, no nos daba mucho dinero. Mis hijos comenzaron a venir a la capital, desde Cuyotenango, Suchitepéquez, donde vivíamos. Con los años solo una de mis hijas vivía conmigo, así que él vendió la parcela sin darnos otro lugar para vivir; por suerte mis hijos me trajeron a la capital y me construyeron la casa”, expresó.
Avances en la distribución de tierras igualitaria
Como estas historias, hay miles más. Sin embargo, se busca erradicar esta conducta, por medio de organizaciones y movimientos de empoderamiento. La Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir (Asomtevi), planteó al Gobierno de Guatemala, la necesidad de aprobar una política pública de acceso a la tierra para mujeres campesinas e indígenas, además de brindar un presupuesto digno.
Asimismo, identificar en el ámbito municipal, tierras en desuso para que puedan cederlas a mujeres y organizaciones de mujeres campesinas e indígenas. Esto por medio del informe Tierra Para Nosotras, el cual expone propuestas políticas de las mujeres rurales centroamericanas para el acceso a las tierras.
El documento concluye resaltando la importancia de la representación legítima de las mujeres en el Consejo de Dirección de Fontierras, para que las propuestas anteriores y por venir, puedan ser escuchadas, se asegure su pertinencia y puedan ser llevadas a la práctica.