Por Carolina Ortiz, Karen Quintanilla y Angel Santizo.
El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sin embargo, estas comunidades continúan enfrentando una situación difícil. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 2018 fueron asesinados 39 defensores indígenas y durante los primeros seis meses del 2020, 4 de cada 10 asesinatos han sido de personas pertenecientes a pueblos indígenas.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) registró 111 agresiones a personas indígenas y defensores del territorio en 2019. Entre ellos se menciona el asesinato de Jorge Juc Cucul, presidente comunitario de la organización en la aldea Paracaidista, Izabal, quien luchaba por el derecho al acceso a la tierra.
Violencia contra comunidades indígenas
En la madrugada del 16 de agosto un grupo armado desalojó a 40 familias q’eqchi’ en la comunidad Cubilgüitz, Cobán, Alta Verapaz. Destruyeron y quemaron sus viviendas, por lo que buscaron refugio en las montañas, informó la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waquib´Key.
Según declaraciones de miembros de la comunidad, las familias desalojadas son ex trabajadores de la finca Dorothee Anne Diesseldofrr Neal De Glinderse, donde, según dicen, les han negado respuestas a sus demandas laborales, y han recurrido a diversas maniobras para evadirlas, por lo que hace más de un año, un grupo de personas se asentaron en el lugar, y desde entonces han sido víctimas de amenazas e intimidaciones, como disparos al aire.
“Las actuaciones de este grupo son permitidas por los finqueros porque les sirven para justificar la represión en contra de los campesinos. Posteriormente, cuando logran su cometido de desalojar a las familias que luchan por la tierra, los atacantes se retiraron del lugar”, expresó el Comité de Unidad Campesina (CUC) por medio de un comunicado.
Representantes de dicho comité, también comentaron que al llamar a la Policía Nacional Civil (PNC), efectivos de esta entidad se negaron a acudir al lugar, y que igual que ellos, autoridades del sitio tienen conocimiento de que desde hace varios meses existen agresiones.
Ataques a líderes comunitarios
En 2018 fueron asesinados 3 líderes comunitarios, quienes trabajaron con organizaciones de derechos de los pueblos indígenas y de campesinos. Luis Marroquin, miembro del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), fue asesinado el 9 de mayo en San Luis Jilotepeque, Jalapa. Las otras dos víctimas, José Can Xol y Mateo Chamán Paau, quienes eran líderes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) fueron asesinados el 10 y 13 de mayo, respectivamente, en Cobán, Alta Verapaz.
El maestro Bernardo Caal Xol fue capturado el 30 de enero del 2018 en el mismo lugar , acusado de robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales.
El juez Ricardo Isaías Caal lo ligó a proceso y le fue impuesta una sentencia de siete años y cuatro meses de prisión, misma que fue rechazada por la organización Alianza por la Solidaridad, quienes defendieron los actos del líder indígena manifestando que él estaba en campaña de defensa del río Cahabón, en Alta Verapaz, el cual estaba siendo destruido por dos plantas de la hidroeléctrica Oxec, las cuales estaban operando sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
“Con esta sentencia se demuestra la corrupción que señala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual impera en Alta Verapaz, el Ministerio Público se ha plegado a los intereses de las empresas que están despojando y quitando el agua en Alta Verapaz. Si se dan cuenta yo no cometí ninguno de los delitos de los que se me acusa, pero hoy estoy siendo sentenciado”, comentó Caal a Prensa Libre.
Postura de las comunidades indígenas
En 2018, Guatemala experimentó una de las épocas con mayor violencia contra las comunidades indígenas. En menos de un mes, seis líderes comunitarios que pertenecían a Codeca y el CCDA murieron de forma violenta, supuestamente a causa de su lucha por el acceso a la tierra, nacionalización de energía eléctrica y su resistencia contra los desalojos en áreas rurales. La Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó que 39 defensores indígenas fueron asesinados en ese año.
"En lo que va de este año han asesinado a ocho defensores de derechos organizados en el Comité de Desarrollo Campesino. Una de las víctimas fue una mujer defensora que fue secuestrada y dos meses después fue encontrada asesinada", señaló Codeca.
Así mismo el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se sumó a la petición de justicia que expresó dicho comité para que se “esclarecieran los hechos y así poder encontrar a los responsables”, declaraciones que emitió en una conferencia de prensa.
La falta de interés del Gobierno
La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 66, regula la protección a grupos étnicos. El Estado está obligado a reconocer, respetar y promover sus formas de vida, su organización social, vestimenta, costumbres, tradiciones, idiomas y dialectos.
Alejandro Giammattei, presidente de la República de Guatemala, participó en mesas de diálogo con guías espirituales y religiosos el 25 de junio, luego del asesinato de Domigo Choc. “Tenemos que iniciar un proceso de diálogo para resolver de fondo el problema y generar una cultura de paz porque la gente es intolerante a lo que ni conoce”, señaló.
“Voy a facilitar, promover e instalar una mesa de diálogo que pueda atender problemas, donde se puedan recibir denuncias de cualquier índole y que sea un lugar para analizar y actuar evitando la confrontación”, aseguró el mandatario.
Estas mesas de diálogo se implementaron en diferentes áreas del país, como lo fue en San Juan Comalapa, Chimaltenango, donde las autoridades indígenas declararon a Giammattei como Non Grato, en su territorio, debido a la actitud que tuvo el gobernante durante su visita.
Además, solicitaron al Ministerio Público (MP), iniciar de oficio una investigación en contra del mandatario, denunciando el abuso de autoridad, racismo y discriminación a autoridades ancestrales en su casa y territorio.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional que sea cautelosa en facilitar el apoyo financiero a programas y proyectos por parte del gobierno, supuestamente dirigidos a los pueblos originarios del país”, sentenció Rolando López, representante de la autoridad indígena de Comalapa.
Según la Red Internacional de los Derechos Humanos (RIDH) alrededor de 6 millones de habitantes guatemaltecos son indígenas, pero no existen cifras exactas.
El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) reconoció al país centroamericano de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Esto no ha sido suficiente para mantener intacto el derecho a su integridad, pues en Guatemala los pueblos indígenas siempre han sufrido marginación social, según indicó RIDH, en su artículo de los Derechos de los pueblos indígenas en Guatemala.
Marta Casaus, directora de la Fundación María y Antonio Goubaud Carrera, comentó en respuesta a la pregunta ¿existen todavía prácticas discriminatorias en contra de las poblaciones indígenas en Guatemala y fuera del país? que “En Guatemala es una práctica histórica, continuada y sistemática; fruto de ese racismo histórico estructural, evidentemente se ha producido un genocidio”, esto durante el foro virtual “La incitación al discurso de odio racista, una violación a los Derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas”, realizado el 10 de agosto de 2020, organizado por la Comisión contra la Discriminación y Racismo (Codisra).